CONSIDERANDO
Que el régimen que gobierna en Venezuela ha consumado violaciones y anunciado continuar acciones contra la libertad de expresión e información, derechos consagrados en la Constitución, ratificando así sus procedimientos de carácter dictatorial e inspiración totalitaria reiteradamente denunciados.
CONSIDERANDO
Que en la reunión de Cartagena, Colombia, en marzo de 2007, la Sociedad Interamericana de Prensa resolvió repudiar la decisión que, sin ninguna justificación legal y por razones políticas anunció el presidente Chávez de cerrar el primer canal del país, Radios Caracas Televisión y el gobierno amenazó con expropiar sus instalaciones.
CONSIDERANDO
Que el día 27 de mayo de 2007, el régimen del teniente coronel Chávez cerró, por razones evidentemente políticas, Radio Caracas Televisión y tomó sus plantas transmisoras en todo el país con la fuerza militar, confiscando los equipos para usuarios ilegalmente transmitiendo la señal de un nuevo canal del gobierno, como lo viene haciendo.
CONSIDERANDO
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA demandó ante la Corte Interamericana al Estado venezolano "por la violación de los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de trabajadores y periodistas de Radio Caracas Televisión".
CONSIDERANDO
Que le consta a la SIP el rechazo masivo y ampliamente mayoritario por pare del pueblo y las instituciones de Venezuela a la medida de cierre y confiscación de los transmisores de Radio Caracas Televisión, ordenada por el presidente Chávez.
CONSIDERANDO
Que el cierre ordenado por Chávez contra Radio Caracas Televisión ha provocado el repudio mundial por entes de representación popular, organizaciones para la defensa de los derechos humanos, artistas, periodistas, medios de comunicación, estadistas, escritores y la gran comunidad democrática internacional.
CONSIDERANDO
Que en su empeño por difundir el ejercicio libre del periodismo y la labor de los medios de comunicación independientes, no subordinados al oportunismo inmoral y la autocensura, el régimen de Chávez adelanta acciones ilegales, violentas, arbitrarias y de toda índole contra el canal de noticias Globovisión.
CONSIDERANDO
Que en relación a los medios escritos, el régimen de control cambiario impuesto por el gobierno desde febrero de 2003 está presentando atrasos en el otorgamiento de divisas para pagar la importación de papel para periódicos y otros insumos específicos para la prensa que no se fabrican en Venezuela.
CONSIDERANDO
Que ante la denuncia y los reclamos públicos trascendidos a través de los medios de comunicación que aluden a la corrupción, impunidad, inseguridad, crisis de justicia, la ineficiencia del Estado y otras situaciones que conforman la realidad actual de Venezuela, el gobierno de Chávez ha cerrado las puertas de los organismos públicos a los periodistas y medios independientes, violentando el derecho constitucional que garantiza el libre acceso a las fuentes oficiales.
CONSIDERANDO
Que el gobierno del presidente Chávez ha continuado su práctica ilegal de utilizar la asignación de la publicidad oficial para favorecer a los medios gubernamentales y también aquellos que, abandonando los principios éticos, se han subordinado a la voluntad del régimen y asumido la autocensura.
CONSIDERANDO
Que la creciente concentración de medios en poder del gobierno de Chávez, así como el cierre y constantes ataques contra los medios de comunicación independientes, demuestran claramente la acción del régimen para controlar la información conforme a su anunciado plan de "hegemonía en los medios como instrumento necesario para la revolución".
CONSIDERANDO
Que el presidente Chávez, ejerciendo control de todos los poderes del Estado cuya autonomía constitucional ha conculcado, ordenó una reforma constitucional para eliminar derechos esenciales del pueblo venezolano como la libertad de expresión y de información, la propiedad privada y las normas que caracterizan a un Estado democrático.
CONSIDERANDO
Que tal reforma constitucional persigue la reelección ilimitada del Presidente, el control social absoluto y otorgaría poderes dictatoriales para el Jefe de Estado.
CONSIDERANDO:
Que los periodistas y medios de comunicación siguen enfrentando agresiones, intimidaciones y acciones judiciales por parte de organismos del Estado, como es el caso de Patricia Poleo, Miguel Angel Rodríguez, Gustavo Azócar, el Padre José Palmar, Leocenis García, José Rafael Ramírez, Wilmer Oquendo, Iris García, Roger Santodomingo, Yurimar Añez, Luis Felipe Colina, Anuska Buenaluque, Gil Montaño, Walter Córdova, Gina Reyes Dameis, Dimas Medina, Miguel Salazar; Gerardo Alvarez Narváez (asesinado por desconocidos)
CONSIDERANDO:
Que el Principio 6 de la Declaración de Chapultepec establece: " Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminación o favores en razón de lo que escriban o digan"
CONSIDERANDO:
Que el principio 10 de la Declaración de Chapultepec establece: "Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad, formular críticas o denuncias contra el poder público"
LA 63 ASAMBLEA DE LA SIP RESUELVE
Denunciar antes los organismos internacionales las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen del presidente Chávez.
Respaldar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos de la OEA en la defensa responsable y oportuna de los principios que inspiran su acción. Apoyar también, específicamente, a la CIDH en la demanda planteada contra el Estado venezolano, representado por el régimen de Chávez, ante la Corte Interamericana por la violación de los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, integridad personal, garantías judiciales y la protección judicial de trabajadores y periodistas de Radio Caracas Televisión.
Denunciar ante la comunidad internacional el carácter totalitario y dictatorial del gobierno del presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez, quien pretende mediante reformas a la Constitución, adecuar el marco legal en Venezuela a sus violaciones contra los derechos ciudadanos.
Condenar el cierre, por razones políticas, del canal más antiguo y de mayor sintonía en Venezuela, Radio Caracas Televisión, por orden directa del presidente Chávez. Asimismo repudiar la confiscación de sus equipos de transmisión.
Condenar los ataques del presidente Chávez contra el canal de noticias GLOBOVISÓN, así como las medidas judiciales, administrativas y negación de frecuencias de transmisión con que el régimen trata de limitar la sintonía de ese medio de comunicación.
Denunciar la desproporcionada multiplicación de medios de comunicación propiedad del gobierno y la utilización de la asignación oficial para tratar de someter a control del régimen a medios de comunicación independientes.
Condenar y denunciar los ataques a medios de comunicación y periodistas por su ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información.